La Fiscalía y las acciones de Lopera

Contra la petición de la Fiscalía del levantamiento de las medidas cautelares de las acciones de Farusa se podrán argumentar razones sentimentales o deportivas pero como mínimo hay que reconocer desde un punto de vista jurídico y lógico que no le falta razón en el análisis riguroso y exhaustivo que hace de la situación y en las razones que argumenta. Es cierto que los béticos tienen todo el derecho y probablemente todos los
motivos del mundo a temer la vuelta a las cavernas y a la época de oscuridad en que Lopera los sumió, pero eso no quita que si prescindimos de sentimentalismos, filias y fobias y analizamos la situación desde un punto de vista objetivo y olvidándonos de quién es el que ha cometido el presunto delito y de su trayectoria, hay razones lógicas y legales irreprochables para esta petición…igual que las habrá para lo contrario, eso sí, si
no de que vivirían los abogados...

Para empezar, no olvidemos que la Fiscalía, o sea el Ministerio Público, está para defender los intereses del Estado en la causa, o sea, el respeto a la ley, a la seguridad jurídica, no para defender el deseo particular de los aficionados o los intereses de un equipo de fútbol. Y en este caso, no olvidemos que Ruiz de Lopera solo es aún un presunto delincuente, será todo lo que cada uno quiera, pero a efectos legales es un ciudadano más. Y es cierto que las medidas cautelares son un elemento provisional y temporal que se debe utilizar para evitar un perjuicio irreparable, de lo contrario no serían cautelares. Pero si pasan los años, un año y tres meses ya, y no se ve el fin, y las medidas siguen vigentes dejan de ser cautelares para convertirse en casi definitivas pues, en la práctica, se está condenando a alguien a la privación sobre los derechos de las acciones durante muchísimo tiempo, el equivalente a una inhabilitación ¿Qué pasa si termina siendo declarado inocente? Porque de momento solo es presunto. ¿Cómo se resarce ese perjuicio de años sin poder disponer de sus propias acciones?

No se trata de la administración judicial del Betis cuya gestión y administración está perfectamente protegida y resguardada por la administración concursal sino de la administración de las acciones del máximo accionista. Evidentemente, la política deportiva y la gestión no sería la misma, y esto es algo a temer por el beticismo, pero no es competencia de los Tribunales. Sí lo es en una situación como ésta la gestión económica pero esta se encuentra bajo el paraguas de la ley concursal y sus administradores que tienen la capacidad suficiente para evitar desmanes como afirma la Fiscalía.

Podrá gustar más o menos, pero la Fiscalía hace su trabajo y en este caso sus argumentos no son descabellados. Lo cierto es que empieza a urgir una solución a esta situación que no puede ser eterna.

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